La industria lechera de Wisconsin depende de los indocumentados, pero el estado les prohíbe tener licencia

Hay más granjas lecheras en el Condado de Clark en el centro de Wisconsin que en cualquier otro condado de un estado que se autoproclama “La Tierra Lechera de América”. La identidad del condado está tan unida a la industria de la leche que la estatua de una vaca Holstein de 16 pies de altura, blanca y negra, se erige cerca del centro de Neillsville, la sede de su condado.

Para ordeñar las vacas, acorralarlas y limpiar su estiércol en estas granjas lecheras—el trabajo sucio y peligroso que hace funcionar esta industria multimillonaria—los dueños de las granjas aquí y en todo Wisconsin dependen de una fuerza laboral que, ellos saben, es en su mayoría indocumentada.

Pero el estado hace casi imposible que estos obreros puedan tener vidas fuera de la granja sin violar la ley. En Wisconsin, se permite a los inmigrantes indocumentados poseer y matricular sus autos y camionetas, pero no se les permite conducirlos.

Los que de todas formas manejan, son parados por la policía una vez y otra y otra, y reciben multas que consumen sus sueldos.

La ley que prohíbe que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir tiene consecuencias en cascada en todo el estado. La policía dice que las calles son menos seguras porque los indocumentados conducen a pesar de no haber sido entrenados y examinados sobre las normas automovilísticas básicas—y frecuentemente lo hacen sin tener seguro. Los funcionarios de las cortes de justicia dicen que las multas por conducir sin licencia sobrecargan sus expedientes y drenan sus limitados recursos. Los granjeros dicen que sus empleados no pueden ir y volver al trabajo legalmente, lo que les fuerza a tener que construir o encontrar viviendas para ayudarles a evitar las multas.

Los obreros, algunos de los cuales vienen de los rincones más remotos y empobrecidos de América Latina, sienten gratitud por tener los trabajos. Y sin embargo, se sienten atrapados.

Son gente como el nicaragüense de 33 años que vino después de escuchar que era fácil conseguir trabajo en “los ranchos de Wisconsin”, la forma en que los hispanohablantes de aquí se refieren a las granjas lecheras. Vive con otros tres centroamericanos en una casa pequeña y blanca, propiedad de su empleador, a pocas millas de la granja por una carretera rural.

Una tarde de marzo, mientras el obrero conducía a la tienda en el Jeep de un compañero de cuarto, un agente de policía de Neillsville hizo un control aleatorio de las placas del vehículo. El policía descubrió que el dueño registrado del Jeep no tenía licencia de conducir y le hizo parar.

El trabajador le dijo al agente que no tenía licencia, según muestran los archivos, y el agente le impuso una multa de $200.50.

“Es un día de trabajo, usted sabe, perdido…duele mucho”, dijo el hombre, quien regularmente trabaja jornadas de 14 horas.

Durante el último año, ProPublica ha entrevistado a más de 100 trabajadores y extrabajadores indocumentados en las salas de descanso de las granjas lecheras, en los tráileres y apartamentos donde viven, en las tiendas desde donde envían dinero a sus tierras natales, y en los mostradores de las cajas de los juzgados donde pagan sus multas. Dijeron que están aislados y atrapados en las granjas en donde trabajan y en donde frecuentemente viven. Ir al mercado, al médico, al colegio de sus hijos y a sus audiencias en los juzgados de inmigración para ellos supone una auténtica lucha.

Muchos dicen que o dependen de otros quienes, cobrando un precio, les conducen hasta donde tienen que ir, o rompen la ley y toman el riesgo.

“No puedes llamar a Uber porque no hay. No puedes tomar el autobús porque no hay”, dijo John Rosenow, un granjero de la industria lechera en el oeste de Wisconsin, que se ha convertido en uno de los más prominentes defensores de obreros inmigrantes en el estado. “El barbero más cercano está a 15 millas. La bodega más cercana está a 25 millas”.

Por si fuera poco, las consecuencias por cada nueva infracción se pueden intensificar, exponiendo a los trabajadores a penas financieras más duras, acusaciones penales y penas de cárcel. En los condados que tienen acuerdos formales con las autoridades federales de inmigración, la amenaza de deportación planea sobre cada control policial.

Lo que está pasando en el Condado de Clark y en todo Wisconsin es el resultado de la incapacidad del congreso federal para decidir qué hacer con los millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí y trabajan en industrias que, como la lechera, dependen descaradamente de ellos. Esto deja en manos de los legisladores estatales la tarea de armar leyes para intentar afrontar las consecuencias—o ignorar lo que pasa, castigando a los inmigrantes en el proceso.

Wisconsin es el hogar de unos 70,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de Latinoamérica, según los cálculos del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), una organización sin fines de lucro. Esta es la gente que instala paneles de yeso, limpia los cuartos de hotel, lava los platos en las cocinas de restaurantes y empaca el queso de la nación.

Es casi imposible determinar cuántos de los trabajadores de las granjas lecheras de Wisconsin son indocumentados; utilizan papeles falsos para conseguir el empleo, los granjeros aceptan esos papeles sin cuestionarlos, y el gobierno hace poco para contarlos con precisión. Pero según un estudio reciente de la Universidad de Wisconsin-Madison, unos 6,200 inmigrantes hispanos indocumentados trabajan en las granjas grandes y medianas. Ese número no incluye los muchos obreros inmigrantes que trabajan en granjas con menos de 500 vacas.

Los defensores de los inmigrantes han trabajado durante años para persuadir a los legisladores que otorguen el derecho a conducir a los inmigrantes indocumentados, como ya han hecho 19 estados—la mayoría de ellos políticamente demócratas. Pero estos esfuerzos han fracasado en Wisconsin, donde los distritos legislativos han sido trazados para favorecer al partido Republicano. Pocos legisladores republicanos han querido apoyar tales esfuerzos; no quieren parecer blandos con la inmigración, según observadores políticos.

Así que las comunidades locales han tenido que buscar sus propias soluciones.

En un condado, funcionarios locales han estado discretamente llevando a cabo un programa piloto de educación vial enfocado sobre todo en inmigrantes indocumentados que han sido pillados manejando sin licencia. Los oficiales son reacios a hablar públicamente por temor a que cualquier atención sobre el tema pueda provocar una reacción conservadora.

Fiscales elegidos en varios condados han dejado de poner acusaciones penales contra gente que es detenida por conducir sin licencia; tanto fiscales republicanos como demócratas dicen que quieren dedicar sus limitados recursos a los crímenes que tienen víctimas.

Y en cuatro condados en el sudoeste de Wisconsin, activistas de la comunidad trabajaron hace unos años con agencias de la policía y con granjeros lecheros para crear cédulas de identificación que los obreros podrían mostrar durante los controles de tráfico para probar que trabajaban en la zona y, potencialmente, hacer esos encuentros menos severos.

“No impedía que recibieran una multa, pero impedía que fueran esposados y arrastrados a la cárcel”, dijo Shirley Barnes, la directora recientemente jubilada del Programa de Alcance Multicultural (MultiCultural Outreach Program) en Dodgeville. “El hecho es que todos los agentes de policía en estos condados saben exactamente donde trabaja esa gente. Saben que son los granjeros locales quienes emplean a esa gente”.

Una mañana de mayo, un antiguo trabajador de granja hondureño se deslizó sobre un banco en la sala de justicia del tribunal estatal del Condado de Clark en el centro de Neillsville y esperó a que llamaran su nombre. Su hijo de 16 años estaba sentado a su lado; el padre le había sacado del colegio aquel día para que le sirviera como intérprete. ProPublica va a identificar al hombre por su primer nombre, José; como otros obreros en este reportaje, pidió no ser identificado completamente porque es indocumentado y teme ser deportado.

Un mes antes, un patrullero de la policía estatal había parado a José por conducir a 15 millas por hora por encima del límite de velocidad en la autopista interestatal 10. Además de una multa por exceso de velocidad, el patrullero le sancionó por manejar sin una licencia válida.

“Nosotros solo hacemos cumplir la ley”, dijo el Sargento Brandon Gray, portavoz del puesto de la patrulla del estado de Wisconsin en Eau Claire, en una entrevista. “Si no tienen una licencia válida, entonces obviamente reciben una multa”.

José dice que se arrepiente de haber sobrepasado el límite de velocidad. Pero dijo que le es imposible cumplir con la obligación de tener una licencia.

“Me da un [montón] de tristeza, hasta ganas de llorar”, dijo José, quien explicó que vino a los Estados Unidos hace dos años para darle una vida mejor a su hijo. “Tengo que [manejar]. Ellos no van a venir a mantener a mi hijo, no van a venir a pagar mi renta”.

José y su hijo se fueron del juzgado después de pagar $200.50 por manejar sin licencia y otros $173.50 por exceso de velocidad. José se fue manejando a casa, todavía sin licencia.

De las 35,000 personas que viven en el Condado de Clark, solo el 6% son hispanas, según estimaciones del censo.

Sin embargo, el año pasado, en este juzgado, 187 de los 245 casos por operar un vehículo sin licencia vigente—más del 75%—involucraban a conductores hispanos, según datos recopilados para ProPublica por Court Data Technologies, una empresa de Madison.

Un patrón parecido se está desarrollando en los juzgados estatales y municipales en todo el estado, según ha podido determinar ProPublica. (Las multas por este tipo de acusación pueden ir a través de cualquier tipo de corte si es la primera ofensa; los juzgados estatales también pueden encargarse de casos reincidentes que se convierten en casos criminales.)

Casi la mitad de las 16,000 condenas en los juzgados estatales por conducir sin licencia válida fueron impuestas a conductores hispanos, según la información de Court Data Technologies sobre casos presentados en 2022 . El porcentaje real es probablemente más alto, porque los inmigrantes latinoamericanos son frecuentemente inscritos como “blancos” y no hispanos en los archivos oficiales; José, por ejemplo, está inscrito así.

Los residentes hispanos son menos del 8% de la población.

“Estos números son alarmantes”, dijo Primitivo Torres Martinez, subdirector estatal de interacción comunitaria para Voces de la Frontera, el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes más grande del estado, quien se enteró de las estadísticas a través de ProPublica. “La cosa es que los granjeros necesitan que ellos manejen, así que es un [dilema] para mucha gente”.

La policía y los juzgados no monitorean el estatus migratorio de los conductores. Pero en todo el estado, la gente involucrada en casi cada paso del proceso de cumplimiento de las leyes de tránsito—policías, jueces, fiscales, abogados defensores, intérpretes, y otros funcionarios de los juzgados municipales y estatales—coincidieron en afirmar que la mayoría de los conductores hispanos que reciben multas por no tener licencias son inmigrantes indocumentados.

Los archivos de estos casos rutinariamente describen a conductores que presentan cédulas de identificación mexicanas o nicaragüenses a la policía, no hablan inglés y necesitan intérprete, o dicen a los policías que no pueden conseguir licencias por su estatus inmigratorio. Los puedes ver en los vestíbulos de los juzgados, mirando alrededor esperanzadamente en busca de un intérprete cuando la secretaria ofrece usar el traductor de Google en su teléfono, o sentados ansiosamente en los bancos de la sala del juzgado, preguntándose si serán deportados.

Además de los casos en las cortes estatales, miles de multas por conducir sin licencia válida fueron tramitadas en las cerca de 230 cortes municipales del estado. Estos juzgados operan independientemente uno del otro y, como resultado, no hay un lugar único para conseguir información sobre casos que permitiría un análisis estatal de estas cortes.

Pero ProPublica obtuvo datos de una docena de cortes municipales y concluyó que, una y otra vez, conductores hispanos recibieron una cuota considerable de estas multas.

En Milwaukee, la ciudad más grande del estado, representaban casi el 40% de las sanciones. En Waukesha, un suburbio de Milwaukee, el 49%. En Manitowoc, al lado del Lago Michigan, el 58%. En cada uno de estos sitios, los hispanos representan un 20% o menos de la población.

Los números parecen más dramáticos en las cortes municipales lejos de las zonas metropolitanas. En la Corte Municipal de la Zona de Marshfield, en la región central de Wisconsin, por ejemplo, el 69% de las multas dadas por la policía de Marshfield fueron impuestas a conductores hispanos, según los archivos. Menos del 3% de los residentes de Marshfield son hispanos.

La historia es similar en Sparta, un pueblo rodeado por granjas lecheras en la zona occidental de Wisconsin. La corte municipal de Sparta no registra la raza o etnia de los acusados, pero ProPublica determinó que en 91 de las 131 multas emitidas el año pasado por conducir sin licencia válida—o sobre el 70%—se trataba de acusados con apellidos comunes hispanos como Cruz, Cortez y Gonzalez. (La oficina del censo de los Estados Unidos, dice que más del 85% de la gente con estos apellidos son hispanos.) Menos del 6% de los residentes de Sparta son hispanos.

Si se menciona el tema de las multas en una pequeña bodega mexicana de la zona, los fatigados obreros en la fila asentirán con sus cabezas en señal de conocimiento e indignación.

“A mí me han detenido 15 veces”, dijo un hombre, un veterano trabajador de rancho de México. A veces, dijo, es el mismo agente de policía el que le para. “Me reconocen luego luego y [me dicen], ‘te dije que no manejes,’ pero tengo que manejar para ir a trabajar”.

La mayoría de los conductores hispanos no se molesten en rebatir las multas; simplemente las pagan en efectivo, dijo Andrea Ziegler, secretaria del juzgado municipal de Sparta. En conjunto, los conductores hispanos en Sparta pagaron unos $8,400 en multas impuestas el año pasado por no tener licencia, según muestran los archivos.

“No creo que es justo. Si vas a multarlos, entonces tienes que proporcionar una vía para que consigan una licencia para que puedan trabajar, de tal forma que puedan seguir contribuyendo a nuestra sociedad”, dijo Ziegler.

“Nuestras granjas no podrían sobrevivir sin ellos”.

Cuando preguntamos a los granjeros sobre el estatus migratorio de sus empleados, nos dijeron que simplemente aceptan los papeles que los solicitantes les entregan.

Pero a lo largo de los años, la industria lechera ha reconocido tácitamente su dependencia de una mano de obra indocumentada. A nivel federal, ha intentado sin éxito ganar acceso a un programa de trabajadores inmigrantes invitados temporales. A nivel estatal, los granjeros se han convertido en aliados poderosos de Voces de la Frontera en su campaña para conseguir licencias de manejar para los inmigrantes indocumentados.

Casi una docena de granjeros lecheros de Wisconsin nos dijeron que desean que sus trabajadores puedan obtener licencias.

En cierto sentido, su motivación es económica. Muchos granjeros dicen que les gustaría tener asegurado que sus empleados pueden ir y volver al trabajo sin que la policía les pare y les multe. Varios describieron las llamadas que han recibido en medio de la noche de obreros que necesitan que los lleven a casa después de haber sido detenidos. “Si los meten en la cárcel, no nos sirven para nada”, dijo un granjero en la zona oeste de Wisconsin.

Los granjeros también dijeron que les motiva la empatía.

“Es básicamente un asunto de necesidad humana”, dijo Randy Roecker, un granjero lechero de tercera generación que administra una empresa de 275 vacas en el Condado de Sauk en la zona centro de Wisconsin. “Necesitan manejar para ir a buscar comestibles, ir al banco, al médico, pero sin embargo sienten que no pueden porque tienen miedo todo el rato a ser detenidos”.

Como otros granjeros, Roecker y su familia decidieron construir viviendas para empleados cuando expandieron su operación y contrataron a sus primeros inmigrantes en 2006.

Ese fue el año en que Wisconsin prohibió el acceso a las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. Algunos trabajadores del sector lácteo que entonces estaban en el estado conservan sus licencias vencidas en sus billeteras, esperando que los viejos documentos puedan todavía ayudarles a evitar multas durante los controles de tráfico.

El cambio en la ley fue la respuesta a un estatuto federal que se creó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y estandarizó el tipo de identificación que se podía usar para abordar aviones y entrar en edificios federales. Para cumplir con la norma, Wisconsin y otros estados empezaron a exigir pruebas de ciudadanía estadounidense u otro estatus legal para obtener licencias.

Desde el principio, quedaba claro que la ley iba a perjudicar a los inmigrantes indocumentados que vivían en estados que les permitían conducir. Para algunos legisladores, como James Sensenbrenner, un congresista republicano de Wisconsin que patrocinó el estatuto federal, esto era una cosa buena; les dijo a los reporteros en aquel entonces que Wisconsin se había convertido en una “meca para extranjeros ilegales” que buscaban conseguir licencias de manejar.

Legisladores latinos y asesores dijeron que prohibir a los inmigrantes conducir iba a crear más problemas de los que resolvería. Bernard Trujillo, en aquel momento profesor de derecho en la Universidad de Wisconsin en Madison dijo al Capital Times qué si Wisconsin negaba las licencias de conducir a los inmigrantes, “simplemente van a manejar sin ellas”.

“El enfoque de ‘Si cierro los ojos, los haré desaparecer’ para tratar a los indocumentados es ineficaz”, añadió.

En una gélida noche de febrero del 2021, John Rosenow se paró delante de su granja lechera en Cochrane, en el oeste de Wisconsin, y observó cómo un empleado de mucho tiempo fue parado cuando llegaba al trabajo.

Un agente del sheriff del Condado de Buffalo había estado estacionado en frente de la granja observando el tráfico en una calle donde el límite de velocidad es 35 millas por hora. El agente escribió en su informe que se fijó en un coche avanzando “a una velocidad lenta”, y después verificó la placa. El chequeo de los archivos mostró que el dueño del coche no tenía licencia, así que el agente lo detuvo.

A pesar de la barrera del idioma, el trabajador le pudo comunicar que no tenía licencia de conducir, pero presentó su tarjeta de identificación mexicana al agente. El agente le dijo que recibiría una multa por correo y le avisó que no debía manejar sin licencia.

Como era su segunda multa en tres años, fue acusado por un delito en el juzgado estatal del Condado de Buffalo.

A Rosenow, la detención le pareció un caso de perfilamiento racial. Escribió una carta al juez en el caso.

“Seguramente, la corte podrá comprender que tan importantes Juan y otros mexicanos son para las industrias agrícolas y de procesamiento de alimentos en nuestra zona”, escribió Rosenow. “El acoso por parte del departamento del sheriff no ayuda en nada a hacer nuestra zona más segura”.

El argumento no convenció al juez. El obrero, que desde entonces ha regresado a México para estar con su familia, se declaró culpable y pagó $443, por la multa y los gastos judiciales obligatorios—que incluyen una prueba de ADN, un requerimiento en casos criminales. La cantidad fue como el equivalente de su sueldo por cinco días de trabajo.

En una declaración, el Sheriff Mike Osmond de Buffalo County declinó hacer comentarios sobre el control de tráfico, pero dijo que comprendía la preocupación por el potencial perfilado racial. Sin embargo, dijo que sus agentes “hacen cumplir las leyes de tráfico imparcialmente, sin discriminación basada en raza o etnia”, y su oficina “está comprometida a defender los derechos constitucionales de todos los individuos, sea cual sea su estatus migratorio”.

A lo largo y ancho de Wisconsin, docenas de inmigrantes indocumentados que han sido parados y multados solamente por no tener licencias dijeron a ProPublica que creían haber sido víctimas de perfilado racial.

Entre ellos: el nicaragüense de 33 años que fue detenido tras un chequeo de sus placas mientras manejaba a una tienda en Neillsville esta primavera. “¿Cómo sabía que no tenía licencia?” se preguntó. “Yo no cometí ninguna infracción, pero me paró”.

En una entrevista, el Jefe de la Policía de Neillsville Jim Mankowski dijo que está a favor de cambiar la ley para que los inmigrantes indocumentados puedan obtener licencias. Cree que ese cambio haría más seguras las carreteras y también ayudaría a los policías a identificar a las personas de una manera más rápida y exacta.

Pero dijo que el proceso de chequear las placas puede ayudar a los oficiales a descubrir violaciones vinculadas a los dueños de los vehículos, desde una licencia suspendida hasta una orden judicial de arresto. Dijo que los oficiales deben tener una sospecha razonable de que la persona que maneja el auto es su dueño; por ejemplo, si el chequeo de las placas encuentra que el dueño es un hombre que no tiene licencia, entonces no tiene sentido detener al vehículo si una mujer está manejando.

Agregó: “Si es una herramienta que le puede ayudar a mis oficiales a hacer su trabajo mejor, entonces es algo que tenemos que apoyar”.

Los registros de las agencias de la policía y de las cortes en todo Wisconsin muestran que, en muchas comunidades rurales, los oficiales rutinariamente chequean las placas de los coches de paso—sea cual sea la raza o etnia del conductor—y paran a la gente si descubren alguna infracción. Pero el tema de no tener licencia afecta sobre todo a los conductores hispanos.

Uno de los factores fundamentales aquí es la contradicción en la política estatal que permite a los inmigrantes indocumentados matricular sus autos, pero no manejarlos.

“Les ponen una diana en la espalda”, dijo Tony Gonzalez, un activista para los derechos de inmigrantes en la zona central norte de Wisconsin. “El estado recauda el dinero de la matriculación y no hay beneficio para ese matriculado. Es como la tributación sin representación”.

Un portavoz del departamento de transporte estatal dijo que la agencia “implementa las leyes como están escritas”. El portavoz no pudo decir cuántos vehículos están registrados a nombre de personas que no tienen licencias de conducir.

Ser parado después de un control de placas aleatorio por la policía es tan común que muchos inmigrantes indocumentados han buscado protección en el mercado negro; varias personas que hablaron con ProPublica explicaron como pagaron a alguien con licencia vigente para matricular un vehículo bajo su nombre para ayudarles a evitar ser parado. Un hombre, un contratista de construcción de casas en una afuera de Milwaukee, dijo que después de empezar a matricular su vehículo a nombre de su empresa, en vez de a su propio nombre, dejó de ser controlado y multado por no tener licencia.

En un caso parecido, un obrero de una granja lechera en el Condado de Jefferson, en el sur de Wisconsin, dijo que se sentía “como un cajero automático” de la policía después de pagar miles de dólares en multas y gastos judiciales por no tener licencia durante los últimos años. Entonces, dijo, oyó hablar de alguien en otra comunidad quien, por una tarifa, podía matricular el auto bajo su nombre.

Ha valido el dinero, dijo el obrero. Desde entonces no ha sido parado.

por Melissa Sanchez y Maryam Jameel

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