Aprueban $8 Millones Para Viviendas Para Obreros de Granjas. La Policía Intentará Cerrar las Brechas Lingüísticas

Series: Peligro en las granjas:Los obreros en la sombra de la industria lechera

Trabajar en las granjas lecheras de los Estados Unidos es peligroso. Frecuentemente, son inmigrantes los que trabajan en ranchos donde hay poco control de los riesgos laborales. Esta es una serie de reportajes de ProPublica, un medio sin fines de lucro dedicado al periodismo de investigación.

Esta semana, funcionarios condales de Wisconsin aprobaron reformas destinadas a responder a un reportaje de ProPublica sobre la fracasada investigación policial de la muerte de un niño nicaragüense en una granja lechera en 2019. Entre las reformas: un fondo de $8 millones para viviendas para trabajadores agrícolas y medidas para mejorar el acceso a los servicios gubernamentales para las personas que no hablan inglés.

Defensores de los obreros de las granjas lecheras dijeron que la iniciativa de vivienda parece ser la primera de su tipo en Wisconsin, un estado que se autodenomina “La Tierra Lechera de América” pero que ofrece pocas protecciones para los inmigrantes indocumentados de cuyo trabajo dependen muchas granjas.

Por otra parte, la oficina del Sheriff del Condado Dane —que investigó la muerte del niño— redactó el primer borrador de su política sobre cómo responder a los residentes con dominio limitado del inglés.

Los cambios surgen en respuesta a un informe de ProPublica publicado en febrero que detalló los errores en la investigación policial sobre la muerte de Jefferson Rodríguez, un niño de 8 años que había vivido en un establo encima de la sala de ordeño en la granja donde trabajaba su padre, media hora al norte de Madison.

ProPublica descubrió que otro trabajador había atropellado accidentalmente a Jefferson con un minicargador, una máquina utilizada para limpiar el estiércol de los pisos de los establos. Pero la oficial que entrevistó a José María Rodríguez Uriarte, padre del niño, concluyó erróneamente que había sido Rodríguez quien operaba la máquina. Descubrimos que este fallo se debió en gran parte a la barrera del idioma. Se determinó que la muerte de Jefferson se debió a un accidente, pero públicamente se responsabilizó a Rodríguez.

En una entrevista reciente, Rodríguez dijo que estaba contento de saber que la historia de lo que le pasó a su hijo ha llevado a cambios que podrían ayudar a otros inmigrantes. “Quizás si eso hubiera pasado cinco, seis años atrás, en mi caso la situación hubiera sido otra,” afirmó. “Se sentiría uno mucho mejor para tener una comunicación hacia la policía sin temor a que voy a llamar y no me van entender.”

Las medidas fueron aprobadas el lunes como parte del presupuesto del condado. Joe Parisi, ejecutivo del condado, podría vetar el presupuesto pero no se espera que lo haga.

Después de que se publicó nuestra historia, varios miembros de la junta y otros funcionarios electos comenzaron a pedir medidas para garantizar que las personas que no hablan inglés puedan comunicarse con precisión con los agentes de la oficina del sheriff.

Cuando Jefferson murió, la oficina del sheriff no tenía una política por escrito sobre lo que debían hacer los agentes cuando se encontraban con personas que hablan inglés limitado, o cuándo debían llamar a un intérprete. Como práctica general, el departamento alentaba a los agentes de patrulla a pedir ayuda a colegas bilingües o utilizar un intérprete por teléfono o video, dijo en un comunicado Elise Schaffer, portavoz del departamento.

El departamento no evalúa las capacidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan su dominio del idioma.

La agente que entrevistó a Rodríguez se identificó como hispanoparlante competente. Sin embargo, cuando la entrevistamos descubrimos que las palabras que usó en español para interrogar a Rodríguez no significaban lo que ella pensaba. Rodríguez nos dijo que nunca entendió que la oficial estaba tratando de preguntarle si él conducía la máquina que mató a su hijo.

El sheriff Kalvin Barrett rechazó las solicitudes de entrevista. Pero en una reunión de la junta del condado en septiembre, reconoció “deficiencias en los servicios que tenemos y queremos asegurarnos de continuar brindando a las personas la ayuda y los servicios que necesitan, especialmente si no hablan inglés.”

Barrett dijo que el departamento evaluará a los empleados sobre su capacidad para hablar un segundo idioma y que buscaba formas de proveer “apoyo financiero adicional” a aquellos que demuestran una capacidad lingüística. Según un borrador de la política, también brindará capacitación al personal sobre cómo acceder a intérpretes calificados y asegurará que los formularios claves sean traducidos.

Schaffer dijo que no sabía cuándo el borrador de la política sería definitivo.

Las agencias policiales que reciben fondos federales, como el Condado de Dane, están obligadas por la Ley de Derechos Civiles a garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas cuyo dominio del inglés es limitado. ProPublica descubrió que los departamentos del alguacil de todo el estado se topaban habitualmente con barreras lingüísticas al responder a llamadas al 911 procedentes de granjas lecheras. Una y otra vez, según mostraron los registros, los agentes que no podían comunicarse con los trabajadores hispanohablantes dependían de los supervisores en las granjas, otros trabajadores, Google Translate e incluso niños para que sirvan como intérpretes.

La Junta de Supervisores del condado aprobó el lunes por separado la creación de tres puestos de tiempo completo y uno de tiempo parcial para mejorar los servicios para las personas que no hablan inglés. Entre ellos: un coordinador para ayudar a los departamentos a implementar sus planes de acceso al idioma e involucrar a los residentes cuyo dominio del inglés es limitado.

Dana Pellebon, integrante de la Junta de Supervisores que preside la Comisión de Igualdad de Oportunidades del condado, dijo que el tema de la accesibilidad lingüística recibió más atención que nunca este año.

“Su artículo inició esta investigación sobre qué era lo que tenía que suceder,” dijo Pellebon. “Lamento profundamente y me avergüenzo de que haya sido necesaria la muerte de un niño para que nos diéramos cuenta, y vamos a trabajar de manera proactiva para asegurarnos de que estas situaciones nunca vuelvan a ocurrir.”

El informe de ProPublica también hizo énfasis en las viviendas de los trabajadores lecheros, que en gran medida no están reguladas ni inspeccionadas por las autoridades estatales y federales.

El Condado de Dane alberga más de 170 granjas lecheras, según los registros estatales. Se desconoce cuántas brindan vivienda a los trabajadores, pero un estudio reciente sobre trabajadores lecheros inmigrantes realizado por la Escuela para Trabajadores de la Universidad de Wisconsin en Madison determinó que cerca de las tres cuartas partes de los trabajadores encuestados se alojaban en viviendas proporcionadas por el empleador, generalmente en la granja.

Nuestra investigación encontró que Jefferson y su padre habían vivido en una habitación encima de una sala de ordeño, el lugar donde se ordeñan las vacas día y noche con maquinaria pesada y ruidosa. (En documentos judiciales, los propietarios de la granja negaron que vivieran allí. ProPublica habló con más de media docena de personas, incluido el compañero de litera de Jefferson, quien confirmó que ellos y otros trabajadores vivían encima del salón).

“Creo que el tema de la vivienda segura para las personas que trabajan en granjas y en zonas rurales del condado no había estado presente en mí hasta que, honestamente, escuché más sobre la muerte de Jefferson Rodríguez,” dijo Heidi Wegleitner, integrante de la junta de supervisores que fue la patrocinadora principal y autora de la iniciativa de vivienda para trabajadores agrícolas. “Creo que esta es una brecha que existía antes de su importante informe, pero realmente me dio una sensación de urgencia de hacer algo al respecto.”

Wegleitner, quien también es abogada de vivienda, dijo que el primer objetivo de la nueva iniciativa será evaluar la oferta de vivienda existente y las necesidades de los trabajadores agrícolas. Luego, el condado podría comprar terrenos y construir viviendas nuevas.

Los defensores dicen que existe una importante necesidad de viviendas asequibles para los trabajadores lecheros indocumentados que están excluidos de los programas existentes debido a restricciones en la financiación federal.

“Esto siempre ha sido un desafío para nosotros,” dijo José Martínez, director de operaciones de United Migrant Opportunity Services (UMOS), una organización sin fines de lucro que opera varios proyectos de viviendas asequibles para trabajadores agrícolas en todo Wisconsin.

Ninguno de los desarrollos de viviendas de UMOS es accesible para personas indocumentadas.

Tampoco lo es el complejo de apartamentos de 32 unidades para trabajadores agrícolas de bajos recursos que abrió el año pasado en Darlington, en el suroeste de Wisconsin. Varias personas involucradas en ese proyecto dijeron que estaba destinado, en parte, a servir a los trabajadores lecheros inmigrantes en el área. Pero los apartamentos han sido alquilados principalmente a otros tipos de trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos, incluidos inmigrantes con permisos de trabajo.

Existen otros desafíos. Durante más de una década, Wisconsin ha prohibido a los inmigrantes indocumentados obtener licencias para conducir, a pesar de que el estado les permite comprar y registrar sus vehículos. ProPublica informó este año sobre cómo los trabajadores lecheros indocumentados son multados una y otra vez por conducir sin licencia.

Como resultado, algunos obreros prefieren vivir en las granjas donde trabajan para evitar conducir.

Mientras tanto, Rodríguez dijo que se alegra de que alguien en el Condado de Dane esté prestando atención a las condiciones de vivienda que encuentran los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras. Es un tema que, según él, surge a menudo cuando habla con sus amigos que viven y trabajan en la zona.

“El problema es de que uno está con el miedo de que si reclama, va a haber una respuesta negativa hacia uno de los patrones,” dijo. “Me puede decir, ‘Ya no más. Ya no te necesito para trabajar,’ y mejor me aguanto. No tengo buenas condiciones pero mejor me aguanto.”

Nuestro plan es seguir informando sobre los problemas que afectan a los trabajadores inmigrantes en la industria lechera en todo el Medio Oeste. Entre esos temas están: las lesiones en el trabajo y el acceso a la atención médica o la compensación laboral; y las viviendas proporcionadas por los empleadores.

En esta carta explicamos cómo se puede comunicar con nosotros si desea compartir información sobre la industria lechera de Wisconsin o de estados cercanos.