Inmigracion

El “Acto DIGNIDAD” una esperanza para los indocumentados

En medio de altas temperaturas se realizó una rueda de prensa en la Florida que contó con un grupo bipartidistas de 10 republicanos y 10 demócratas, que se unieron gracias al liderazgo de las congresistas Verónica Escobar (D-TX) y María Salazar (R-FL) para presentar la versión mejorada del Proyecto DIGNIDAD (DIGNITY H.R. 4393)

El proyecto de ley bipartidista busca equilibrar la seguridad fronteriza con una vía legal para millones de inmigrantes indocumentados que ya residen en el país.

Los co-patrocinadores del proyecto  incluyen a los siguientes congresistas:

Republicanos (10): María Elvira Salazar (FL-27), Mike Lawler (NY-17), David Valadao (CA-22), Dan Newhouse (WA-04), Mike Kelly (PA-16), Brian Fitzpatrick (PA-01), Gabe Evans (CO-08), Marlin Stutzman (IN-03), Don Bacon (NE-02), Young Kim (CA-40).

Democratas (10): Veronica Escobar (TX-16), Adriano Espaillat (NY-13), Hillary Scholten (MI-03), Susie Lee (NV-03), Adam Gray (CA-13), Salud Carbajal (CA-24), Mike Levin (CA-49), Nikki Budzinski (IL-13), Laura Gillen (NY-04), Jake Auchincloss (MA-04).

El proyecto tiene cinco pilares fundamentales: asegurar la frontera, reformar el sistema de asilo, brindar dignidad a los inmigrantes indocumentados, proteger al trabajador estadounidense y modernizar el sistema legal de inmigración. A diferencia de propuestas anteriores, el Dignity Act se presenta como una solución práctica, financiada íntegramente por tarifas y contribuciones de los propios inmigrantes.

En materia de seguridad, el plan exige la implementación nacional obligatoria de E-Verify para garantizar que todas las empresas contraten únicamente a trabajadores con estatus legal. También propone una estrategia integral en la frontera sur, que incluye barreras físicas, tecnología avanzada y la contratación de miles de agentes adicionales.

Respecto al sistema de asilo, el proyecto busca poner fin a las políticas de “catch and release” mediante la creación de “campamentos humanitarios” donde se procesarían las solicitudes en un plazo máximo de 60 días. Estos centros contarían con servicios médicos, legales y sociales, garantizando un proceso ágil pero justo.

Una de las partes más novedosas del Dignity Act es la creación de un programa de siete años para regularizar a inmigrantes que han vivido en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020. Para participar, deberán pasar verificaciones de antecedentes, pagar impuestos atrasados y aportar $7,000 en restitución. A cambio, recibirán permisos de trabajo y protección contra la deportación.

Sin embargo, este estatus —llamado “Dignity Status”— no otorga acceso a beneficios federales ni un camino hacia la ciudadanía o residencia permanente. Aunque puede renovarse indefinidamente, el enfoque está en permitir que estas personas vivan y trabajen en paz, fuera de las sombras, cumpliendo con la ley.

El programa también incluye a los “Dreamers” y beneficiarios de DACA, quienes recibirán estatus de residencia condicional por 10 años, con la posibilidad de ajustar su estatus a través del trabajo, estudios o servicio militar. Esto representa una vía clara para quienes llegaron al país siendo menores de edad.

Por otro lado, el proyecto establece el American Worker Fund, financiado por los pagos de restitución de los participantes del programa de dignidad. Este fondo invertirá más de $70 mil millones en capacitación laboral, educación y reconversión profesional para ciudadanos estadounidenses desempleados o en transición.

En cuanto al sistema legal de inmigración, el proyecto elimina cuellos de botella al permitir que quienes han esperado más de 10 años por una visa puedan acelerar el proceso mediante una tarifa de $20,000. También amplía oportunidades para trabajadores altamente calificados y moderniza las visas estudiantiles y familiares.

El Dignity Act es una apuesta por el equilibrio: prioriza la ley y el orden, pero también ofrece segundas oportunidades. Aunque su futuro en el Congreso aún es incierto, el proyecto ya está generando un debate profundo sobre cómo resolver uno de los desafíos más complejos y urgentes del país: una reforma migratoria realista, humana y sostenible.

FUENTE: Redacción / Varios

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