Un llamado urgente están proponiendo varias organizaciones pro-inmigrantes y defensoras de derechos civiles y líderes locales ante 2 propuestas que aparecen para ser votadas ante la legislación de Wisconsin: la SB57 y la AB 24. La audiencia pública para escuchar a la comunidad en pro y en contra se realizará este martes 13 de mayo a las 10:00AM en el salón 411 del Capitolio de Wisconsin en Madison.
El SB57 y AB24 proponen medidas más estrictas para que los alguaciles del condado colaboren directamente con las autoridades federales de inmigración. La propuesta requeriría que los alguaciles verifiquen el estatus migratorio de toda persona detenida en cárceles del condado por delitos tipificados como felonías.
Además, la legislación obligaría a los alguaciles a cumplir con detenciones y órdenes administrativas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respecto a cualquier persona en custodia por un delito criminal. De no hacerlo, el condado enfrentaría consecuencias económicas.
El Departamento de Ingresos (DOR) reduciría en un 15% los pagos de ingresos compartidos para el año siguiente a cualquier condado cuyo alguacil no certifique anualmente el cumplimiento de estas medidas. Este recorte podría afectar significativamente los presupuestos locales, especialmente en condados rurales o con altos índices de encarcelamiento.
También se impondría a los alguaciles la obligación de mantener registros sobre cuántas personas fueron sometidas a verificación de presencia legal y cuántas de ellas fueron confirmadas como presentes de manera ilegal. Asimismo, deberán detallar los tipos de delitos por los cuales estas personas fueron encarceladas. Estos datos deberán ser entregados al Departamento de Justicia (DOJ) si son solicitados.
Finalmente, el DOJ tendría que compilar la información y presentar un informe oficial a la legislatura estatal.
El pasado mes de enero, el Sheriff Kalvin Barrett eliminó el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Criminales – SCAAP como una medida para continuar y mantener las buenas relaciones con la comunidad. El SCAAP proporciona pagos federales a los estados y localidades que hayan incurrido en costos de salario para oficiales de corrección al encarcelar a extranjeros criminales indocumentados con al menos una condena por delito grave o dos condenas por delitos menores por violaciones de leyes estatales o locales, y que hayan sido encarcelados por al menos 4 días consecutivos durante el período de reporte.
Este tipo de propuestas en el comportamiento histórico podrían ser vetadas por el gobernador Tony Evers si pasara en ambas cámaras de Wisconsin.
